Reforma de la Carta Orgánica del BCRA

EN LINEA CON EL INTERES DE LAS MAYORIAS

La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la eliminación de los resabios de la ley de Convertibilidad reflejan la necesidad de avanzar en la disolución de las bases jurídicas que sustentaron el modelo de valorización financiera que predominó el último cuarto de siglo y se profundizó durante la década del noventa.

El estallido de la crisis financiera internacional en los países del centro y su impacto en la economía real, y el cambio del patrón de crecimiento y acumulación que encaró la Argentina a partir del año 2003, requieren de un rol activo de la autoridad monetaria para apuntalar la expansión de la actividad, el empleo y la distribución del ingreso.

La recuperación del rol histórico de mandato múltiple (artículo 3) del Banco Central, se encuadra en este sentido al sostener que el “banco tiene por finalidad promover en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social”. El reemplazo del objetivo único, de preservar el valor de la moneda, por el triple mandato, refleja un cambio de paradigma en materia de política económica: el primero posee su raíz ideológica en el enfoque monetarista que establece la dominancia del valor de la moneda por sobre el resto de las variables económicas, subordinando la esfera real a la monetaria. La experiencia internacional demuestra que dentro de los objetivos de los bancos centrales de Canadá y EEUU se encuentran el pleno empleo, el incremento de la producción y la promoción del bienestar económico y financiero. Por otra parte, si bien el Banco Central es una autoridad autárquica, no significa que sea independiente, es decir que lleve adelante su política desconociendo las orientaciones de la política económica establecida por el Poder Ejecutivo Nacional.

El objetivo de preservar la estabilidad financiera en una coyuntura caracterizada por la inestabilidad que provocan los movimientos de capital especulativo, producto de la transnacionalización financiera a escala global, requiere dotar al Banco Central de herramientas y facultades para supervisar el sistema financiero. En línea con la regulación financiera post-crisis 2008, se amplía el perímetro de regulación (artículo 4) del Banco Central al incorporar bajo su órbita actividades que tengan directa o indirectamente efectos sobre el sistema financiero, como los sistemas de pago, las cámaras compensadoras y las remesadoras de fondos. También se incorpora a la órbita del Banco, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, al eliminar su carácter de organismo desconcentrado otorgándole mayores facultades al directorio y la presidencia, e integrando las funciones del organismo con la política monetaria.

El desarrollo económico con equidad social, significa poner la política económica del Banco Central al servicio de los intereses de las mayorías ciudadanas y no de las corporaciones económicas. La regulación y orientación del crédito (artículo 4, inciso b) es una función fundamental para avanzar en la profundización de un modelo de crecimiento económico con eje en el empleo y la industria. Para apuntalar dichas variables, la reforma busca orientar el crédito hacia la inversión productiva para incrementar la capacidad instalada de la economía, a fin de fortalecer el aparato productivo con su correlato en el incremento de la oferta de bienes en la economía. El enfoque neoclásico, sostiene que la inflación es únicamente generada por un exceso de demanda, por lo cual plantea la solución de enfriar la economía por medio de un ajuste del gasto público. Esta concepción ya tuvo en nuestro país severas consecuencias sobre los sectores populares y asalariados. El enfoque económico heterodoxo, por el contrario, sostiene que la inflación puede darse también por el intento de los formadores de precios de provocar una redistribución del ingreso favorable a sus intereses, más aún cuando la oferta de bienes y servicios se encuentra concentrada en muy pocos grupos empresarios monopólicos.

El mercado de créditos actual se encuentra orientado hacia los préstamos de corto plazo, destinados al consumo, ya que son los que menor riesgo acarrean. A su vez, del total de préstamos al sector privado, sólo el 11,4% son destinados a PYMES, 49,1% a personas físicas y 29,5% a personas jurídicas no PYME. Por tal motivo, la reforma busca orientar la política crediticia a través de los bancos para, no sólo democratizar el crédito (esto es, ampliando el mismo a aquellos agentes más pequeños de la economía), sino también que esté dirigido a la inversión productiva de mediano y largo plazo. Para tal finalidad, se amplían las facultades del directorio (artículo 14) para “regular las condiciones del crédito en términos de plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su destino por medio de exigencias de reserva, encajes diferenciales u otros medios apropiados” y para “promover la oferta de crédito a mediano y largo plazo destinada a la inversión productiva”.Nuevamente, nos encontramos que países como Brasil, India, Venezuela, México y Perú, poseen legislación en materia de regulación del crédito.

Introduciéndonos en la eliminación de los resabios jurídicos del modelo de la convertibilidad y su vinculación con el accionar del Banco Central en materia de política cambiaria, surge la necesidad de encauzar la discusión en función del rumbo económico que se ha iniciado después de su derrumbe. A partir de la devaluación propiciada en el 2002, producto de la caída de la convertibilidad, el gobierno nacional tomó la decisión de mantener un tipo de cambio competitivo que permitió recuperar el aparato industrial, recomponer el mercado de trabajo y con políticas complementarias, mejorar la distribución del ingreso. A su vez se llevó adelante una política responsable de acumulación de reservas internacionales que en el año 2003 se encontraban en 11 mil millones de dólares y hoy superan los 47 mil millones. El origen de las reservas se da en base a beneficios comerciales del país, es decir, son reservas genuinas, producto del trabajo de los argentinos, que no se originan en base a endeudamiento externo como en los años noventa.

La ley de convertibilidad de Cavallo establecía la existencia de una relación fija entre la base monetaria y las reservas internacionales. Esto significaba que el Banco Central sólo podía expandir la masa monetaria y el crédito en la medida que crecieran las reservas. En cambio, con la adopción de un tipo de cambio flexible (como se viene haciendo desde el primer gobierno kirchnerista), son otras las consideraciones que deben definir la política de acumulación de reservas, entendiendo que coexiste, como se mencionara anteriormente, con una exitosa política de acumulación de reservas que robustece la economía nacional frente a vaivenes externos. Hoy ningún país del mundo que adopte un tipo de cambio flexible mantiene una relación fija entre reservas y agregado monetario.

Por consiguiente, con el objetivo de obtener mayores niveles de soberanía en la política cambiaria, se asigna al directorio la facultad de establecer el nivel de reservas que garantice el normal funcionamiento del mercado cambiario tomando en consideración la evolución de las cuentas externas (Artículo 14). La redefinición de la cuantía de las reservas de libre disponibilidad, aquellas que surgen de la diferencia entre las reservas totales y las necesarias, permitirá a su vez fortalecer la exitosa política de desendeudamiento. El nivel de reservas necesarias varía en función del contexto nacional e internacional. Esta concepción permitió llevar adelante una política de desendeudamiento que redujo la relación DEUDA/PIB  del 139% en el año 2003 al 41,5% en la actualidad, en donde la deuda en manos privadas representa solo el 13,5% del PIB de los cuales el 8,5% es en moneda extranjera. Hoy, la Argentina se encuentra dentro de los países con menor endeudamiento público en relación al tamaño de la economía. Por debajo de países como Japón, Italia, Estados Unidos, Brasil, Francia, Reino Unido y España. Por tal motivo, la eliminación prácticamente total de la ley de convertibilidad permitirá al país seguir avanzando en la recuperación de soberanía monetaria y cambiaria perdida durante los años donde imperó el neoliberalismo.

En un contexto mundial atravesado por la crisis capitalista de carácter sistémico dominado por las corrientes especulativas de capital y en un escenario nacional totalmente diferente al de los años noventa, donde se erigieron estas reformas neoliberales, resultaba imperioso avanzar en la eliminación de la ingeniería jurídica que sustentó un modelo de valorización financiera que destruyó el empleo y el aparato productivo y provocó una distribución regresiva del ingreso. El proyecto enviado por el ejecutivo y recientemente aprobado por una muy amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación, busca recuperar una herramienta de política económica fundamental para el actual momento histórico que se vive en la Argentina. Sobre la base de un nuevo patrón de crecimiento y acumulación, que propicia un proceso de recomposición del aparato productivo industrial, que prioriza lo productivo por sobre lo financiero y que a lo largo de estos diez años ha mejorado el bienestar de las mayorías ciudadanas, no sólo se consolidan políticas económicas como la de desendeudamiento, sino también se crea institucionalidad para avanzar en la profundización de un modelo de desarrollo con equidad social.

20 de marzo de 2012.

Nahuel Silva / Miembro del Secretariado Nacional de Octubres y responsable de Juventud